Crisis humanitaria en el sur del Departamento del Huila

Gloria Inés Ramírez
Senadora.



En el sur del Departamento del Huila, particularmente en los municipios de Pitalito, San Agustín, Oporapa, Palestina, Acevedo, Isnos, Garzón, Suaza y Timaná, se vive una verdadera crisis humanitaria que se manifiesta en ejecuciones extrajudiciales, amenazas, campañas de la llamada “limpieza social”, asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados y toda clase de crímenes que mantienen a la ciudadanía en un clima de zozobra y temor.

Esta situación se ha hecho especialmente grave desde el año 2007, y en la mayoría de los casos es atribuible al Ejército Nacional y a las bandas paramilitares, como las “Águilas Negras”, la “Mano negra”, el “Bloque Sur de las AUC, Nueva generación” y la “Oficina de Envigado”.

Según denuncias del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, durante el año 2007 se registraron 58 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, sólo en el sur del Huila, y entre 2006 y enero de 2009 hubo alrededor de 180 víctimas, en las regiones centro y sur del departamento, la mayoría de ellos presentados por la fuerza pública como guerrilleros o delincuentes muertos en combate.

Especial gravedad reviste la situación de la Comuna I del municipio de Pitalito, que es un centro de recepción de desplazados del Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá y sur del Huila y en donde hay una crítica situación social. En el mes de marzo de 2008, la Alcaldía Municipal lanzó un programa de resocialización de pandillas y delincuentes y fue firmado el pacto “Pitalito sin violencia”, pero tres meses después los líderes del proceso recibieron en las puertas de sus casas panfletos del Bloque Sur de las AUC, amenazándolos de atentar contra sus vidas si no abandonaban el municipio en el término de 24 horas. Los alcances del programa no fueron más allá de darles a unas diez personas un contrato por tres meses para limpiar potreros y alcantarillas y, finalmente, las relaciones con la Administración Municipal se rompieron.

Ante esta crítica situación, sectores de la sociedad civil se han organizado para luchar por el respeto a los derechos humanos. Hace aproximadamente tres años, la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila ASOCOPH y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Huila crearon el proyecto Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia OBSURDH, con el fin de promover y defender los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas y a sus familiares.

Entre las actividades desarrolladas por el Observatorio está la invitación a la comunidad internacional y a la Defensoría del Pueblo a que enviarán una misión a Pitalito para verificar la situación de los derechos humanos. Dicha misión, integrada por un delegado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, el doctor Adolfo Chavarri, por la Defensoría del Pueblo, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Observatorio, estuvo en la región durante los días 18, 19 y 20 de febrero de 2009, analizó la situación de la Comuna I , hizo reuniones con las comunidades indígenas de la región y atendió a más de 80 familiares de las víctimas de ejecuciones extra judiciales.

El trabajo humanitario del Observatorio ha desatado contra sus integrantes y colaboradores una feroz persecución. Fue así como el día 16 de marzo de 2009, luego de salir de un reunión, fue asesinado el joven universitario Enrique Diego Pérez, representante de los estudiantes de la UNAD ante el Consejo Superior Universitario, cuando se desplazaba a su vivienda, por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta y que le propinaron ocho disparos, arrojaron su cuerpo a una zanja, al lado de la vía, y se llevaron su computador portátil, en el que hay información que pone en peligro la vida de otras personas.

En la región y, sobre todo, en Pitalito, hay una campaña de terror mediante panfletos intimidatorios y la aparición de cuerpos mutilados dejados a orillas de las carreteras, en el basurero municipal y en el cementerio local, sin que las autoridades actúen para proteger la vida e integridad de los ciudadanos.

Últimamente, las amenazas se han dirigido contra los defensores de derechos humanos Andry Gisseth Cantillo, Faiver Cadena y Robinson Londoño, todos ellos integrantes del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia, quienes han sido objeto de seguimientos, intentos de secuestros y amenazas de las “Águilas Negras”, que les dieron 24 horas de plazo para abandonar Pitalito, razones por las cuales una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja logró sacarlos del Departamento del Huila el 20 de abril y transladarlos a Bogotá, en donde se encuentran actualmente engrosando las filas de los desplazados.

Todos estos hechos y muchos otros a los que no me refiero en aras de la brevedad, han sido denunciados ante las autoridades administrativas y judiciales, que aseguran paladinamente que las “Águilas Negras” no existen, y que han anunciado que en adelante no recibirán más denuncias por panfletos o amenazas de presuntos grupos paramilitares, pues, según ellos, son hechos sin fundamento a los que no hay que prestar ninguna atención, de manera que el mandato constitucional de que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas “en su vida, honra, bienes, creencia y demás derechos y libertades”, en Pitalito es letra muerta.

Considero que la situación de Sur del Huila y, en particular, del municipio de Pitalito, en materia de derechos humanos, es extremadamente grave, por lo que solicito a la Fiscalía General de la Nación , a la Procuraduría General de la Nación , a la Defensoría del Pueblo y al gobierno nacional, investigar los hechos, garantizar que la impunidad no va a seguir amparando a los criminales y adoptar con urgencia todas las medidas conducentes a que se respeten los derechos humanos y las libertades públicas.



Bogotá, D.C., 28 de abril de 2009